Por Horacio Serpa
La corrupción se convirtió en la principal amenaza contra nuestra frágil democracia. No hay un solo día en que no lleguen a los medios de comunicación los escándalos protagonizados por poderosas firmas de contratistas que asaltaron las arcas estatales, con la complicidad de funcionarios públicos, prestigiosos abogados, periodistas, banqueros y dirigentes políticos. Los carruseles de la contratación, como se ha llamado de manera eufemística este fenómeno, tienen embolatados los dineros del bienestar de los colombianos.
Nunca en la historia se había sentido tanta podredumbre en la actividad pública. Con razón el Presidente Juan Manuel Santos retomó las palabras del Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, en el sentido de que “donde quiera que pone el dedo sale pus”. Una descripción gráfica repugnante, pero cierta, de lo que está pasando en la administración pública.
El escándalo que más ha concentrado la atención de la opinión es el relacionado con la contratación en Bogotá, que ha significado la destitución y encarcelamiento del Contralor de la ciudad, hecho nunca visto en la historia de esa urbe, y la detención de una ex directora del IDU y su asesor legal. 33 ex funcionarios más están investigados.
Los colombianos siguen hoy con especial interés la comparecencia a la justicia de los otrora poderosos empresarios Nule, quienes regresaron de Italia para contar su versión de los casos en que están involucrados y colaborar con la justicia, en busca de “un principio de oportunidad”.
La Fiscal Viviane Morales ha demostrado templanza y carácter y les ha negado muchas de sus pretensiones, dada la dimensión del descalabro ocasionado, que asciende a más de dos billones de pesos. Un enorme logro fue obligarlos a regresar al país y detener la romería de la justicia a Miami para recibir declaraciones y pruebas.
La Fiscal tiene ante sí el mayúsculo reto de castigar a los tantos responsables de corrupción, levantando los tapetes donde se esconden, a lo largo y ancho del país, los ilícitos cometidos por funcionarios de los sectores público y privado.
Colombia reclama éxitos en la lucha contra la corrupción. Más allá de nuevas leyes, que finalmente son burladas por los corruptos y sus baterías de abogados, lo que necesitamos es una institucionalidad fuerte que demuestre que aquí el que la hace la paga y la formación de una cultura de la legalidad y del respeto a los bienes públicos.
Dicen: “expedida la ley, inventada la trampa”. Por eso se hacen nuevos carteles de la contratación, más voraces y con mayor sed de rapiña. Se requiere un sistema oficial capaz de derrotar la cultura del atajo y el dinero fácil que nos han impuesto tantos años de impunidad.
Los colombianos tenemos que avanzar en la cruzada contra la corrupción, clave esencial para mejorar en el fortalecimiento de la democracia y el logro de la paz. Habrá luz al final del túnel.
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